Pobladores del centro poblado Cerro Verde, en el kilómetro 59 de la Variante del Pasamayo, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, aseguran haber sido víctimas de agresiones físicas y atropellos por parte de agentes de la Policía de Ancón. Los vecinos afirman que los hechos ocurrieron sin una causa aparente y que este tipo de intervenciones violentas no serían aisladas.
Según los testimonios recogidos entre los afectados, varios agentes habrían golpeado a personas de la comunidad, y además habrían arremetido de forma desmedida en desplazamientos, incluso pisoteando pertenencias y desalojando espacios sin aviso ni mediación. Una mujer de la zona declaró que “no hay justificación alguna para el uso de fuerza que vimos”; otro vecino comentó que “cada vez que protestamos por algo, aparecemos con moretones”.
Los vecinos demandan que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Inspectoría de la Policía realicen una investigación rigurosa, se identifiquen los responsables y se impongan sanciones ejemplares. “Queremos garantías de que no volverá a pasar”, señalan los pobladores, visiblemente preocupados por lo que califican como una vulneración de derechos ciudadanos básicos.
Este tipo de denuncias evidencia no solo fallas operativas de la Policía Nacional, sino una crisis de legitimidad institucional cuando el uso de la fuerza parece normalizado ante comunidades vulnerables. La repetición de casos similares sugiere que las políticas públicas de seguridad ciudadana han sido insuficientes para construir puentes de confianza entre la población y los organismos encargados de protegerlos. Más aún, plantea un desafío para las autoridades regionales y el gobierno central: ¿cómo se supervisa y controla a los cuerpos policiales para evitar excesos? Hasta que no se garantice transparencia, rendición de cuentas y mecanismos efectivos de sanción, la ciudadanía seguirá percibiendo represalias más que protección.
