3 Feb 2026, Mar

Transporte encarecen el pasaje debido a extorsiones y muchas personas optan por caminar

Choferes y empresas de transporte en Lima enfrentan una escalada de extorsiones que ya se traduce en aumentos de pasajes, menos unidades circulando y usuarios que terminan caminando largas distancias ante el temor y la violencia.

Según testimonios recogidos, las mafias imponen “cupos” diarios, amenazan con disparos o incluso con granadas, lo que obliga a los transportistas a asumir costos adicionales que no pueden dejar absorbidos por sus ingresos. “Cada día es peor, el miedo es total”, afirmó un chofer que prefirió mantenerse en anonimato.

Empresas de transporte han sido blanco de ataques violentos. Usuarios reportan que los aumentos en el precio del pasaje —que en algunas rutas suben entre cincuenta céntimos y un sol— responden directamente a la presión económica generada por estos grupos delictivos.

El servicio se ve afectado también por la suspensión de rutas o reducción de unidades en circulación, dada la inseguridad que enfrentan los conductores. Esto obliga a que muchos usuarios opten por caminar, recurrir a medios más expensivos como taxis o mototaxis, o simplemente resignarse a demoras mayores.

Autoridades policiales han identificado bandas que operan en Lima Norte, Este y otros sectores, imponiendo sus reglas e intimidando con mensajes, disparos y amenazas directas para quienes no cumplen con sus exigencias.

Este fenómeno no solo representa un costo económico para los usuarios: también erosiona la confianza en el sistema de transporte público, y añade una dimensión de vulnerabilidad ciudadana ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad.

La situación revela que la inseguridad ya no es una amenaza aislada, sino parte de una estrategia de desgaste del Estado frente a la ciudadanía. Cuando las extorsiones impactan el día a día —suben tarifas, se reduce el servicio, crece el miedo— se intensifica la desigualdad: los más pobres pagan más, se exponen más, tienen menos alternativas.

Es imperativo que el gobierno no solo prometa operativos, sino que articule políticas de seguridad integradas con justicia, inteligencia policial efectiva y reparación para quienes ya han sido dañados. Mientras tanto, los responsables de estas mafias operan con impunidad, y sin una respuesta decidida, la población sigue siendo rehén de una violencia que le cuesta cada mañana.