Perú vive una ola de manifestaciones encabezadas por jóvenes de la Generación Z que han tomado las calles de Lima y diversas regiones del país en rechazo al Congreso de la República y al gobierno de Dina Boluarte. Sus reclamos, el nivel de convocatoria y la respuesta de las autoridades han generado un impacto social y político que ya se siente en la agenda nacional.
Las marchas se originan en gran medida por la aprobación de la Ley N.º 32123, que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP, medida que los manifestantes consideran injusta y desproporcionada para una población donde la informalidad laboral predomina. A esto se suma el malestar ciudadano frente a la corrupción, la inseguridad, la impunidad de autoridades cuestionadas y la falta de representación en el Congreso. El rechazo también alcanza a la presidenta Dina Boluarte, a quien sectores de los jóvenes exigen su vacancia inmediata.
El impacto de las protestas ha sido contundente. En Lima se registran enfrentamientos en los alrededores de la avenida Abancay, con denuncias de represión policial y uso excesivo de la fuerza, que han dejado al menos 18 heridos, entre ellos manifestantes, periodistas y policías. La movilización no se limita a la capital, sino que ha llegado a regiones como Piura, Trujillo y Puno, evidenciando que el descontento es transversal y no está concentrado solo en la capital. La presencia de símbolos juveniles, el uso de redes sociales y transmisiones en vivo han amplificado el alcance del movimiento, mostrando un nuevo estilo de protesta que combina indignación política con expresiones culturales y digitales.
Las consecuencias se reflejan en distintos niveles. En el plano político, las instituciones han perdido aún más legitimidad, especialmente el Congreso, cuya aprobación sigue en caída. La polarización entre defensores del orden vigente y quienes exigen cambios radicales se ha intensificado. En el ámbito social, los enfrentamientos y bloqueos han afectado la movilidad urbana, el transporte público y la rutina diaria de miles de ciudadanos. Y en el plano institucional, la Policía Nacional enfrenta cuestionamientos por la forma en que ha intervenido, con organizaciones de derechos humanos pidiendo investigaciones sobre posibles abusos.
Estas marchas representan más que un rechazo puntual: son una muestra del divorcio entre las nuevas generaciones y la clase política tradicional. La Generación Z, que ha crecido en un entorno digital y globalizado, demanda transparencia, justicia y participación real. Si las autoridades no atienden estos reclamos con medidas concretas y reformas, el costo político puede ser mucho mayor que el de contener una protesta en las calles.
La crisis actual revela una disyuntiva clara para el gobierno: optar por la represión, arriesgando mayor indignación y nuevas víctimas, o abrir el diálogo con los manifestantes, reconociendo la urgencia de cambios estructurales. La lectura política es evidente: lo que ocurre en Perú no es un episodio aislado, sino una señal de que el modelo de representación política enfrenta su mayor cuestionamiento en años, con una generación que ya no está dispuesta a permanecer en silencio.