El Pleno del Congreso aprobó que la presidenta Dina Boluarte viaje a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La autorización fue concedida con 62 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, en una sesión marcada por las críticas de diversos legisladores que cuestionaron la pertinencia del viaje en medio de un clima político convulsionado.
Durante su estancia, Boluarte tiene previsto intervenir ante el pleno de la ONU, además de sostener reuniones bilaterales con líderes internacionales y participar en foros vinculados a desarrollo sostenible, igualdad de género y cambio climático. Según lo dispuesto en la resolución legislativa, la mandataria mantendrá el control del despacho presidencial de manera remota mientras dure su ausencia.
La decisión ha generado un intenso debate político. Mientras que desde el Ejecutivo sostienen que la participación de la presidenta busca reforzar la imagen del país en la comunidad internacional, sectores de la oposición consideran que el viaje representa una desconexión con la realidad nacional, especialmente cuando el país atraviesa protestas sociales y denuncias que involucran a funcionarios cercanos a Palacio de Gobierno. Para muchos, la prioridad debería estar en atender las demandas ciudadanas y fortalecer la gobernabilidad interna, antes que proyectar una imagen de normalidad en el exterior.
Este viaje parece simbolizar una estrategia de escapar de la presión interna, más que una apuesta real por posicionar al Perú en el escenario internacional. En contextos de crisis, los líderes que buscan legitimidad suelen recurrir a foros internacionales, pero la legitimidad no se construye con discursos en el extranjero, sino enfrentando los problemas del país con acciones concretas. La autorización del Congreso puede verse como una señal de respaldo institucional, pero también evidencia la desconexión de gran parte de la clase política con el malestar social que se vive en las calles.