El debate en torno al octavo retiro de fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) se intensifica en el país. Mientras entidades estatales como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y otros organismos expresan su rechazo, un sector del Congreso y una porción considerable de la ciudadanía plantean que la medida es necesaria.
Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., se realizará en Lima, en la Plaza San Martín, una marcha nacional en apoyo al retiro de fondos de las AFP. Movilizaciones similares están programadas para esa misma fecha en ciudades como Piura, Trujillo y Puno. El objetivo principal de la marcha es presionar al Parlamento para que apruebe el retiro de hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21,400 aproximadamente) de los fondos de pensiones de cada afiliado. Aunque ya había iniciativas previas de este tipo impulsadas por el partido Podemos Perú, esta convocatoria proviene de colectivos ciudadanos independientes, lo que abre la posibilidad de una participación más amplia.
El MEF, la SBS y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) han advertido que un nuevo retiro de los fondos podría dejar sin pensión mínima a muchos aportantes, afectar la sostenibilidad del sistema previsional y desalentar la inversión institucional. Según el reglamento recientemente aprobado de la reforma del sistema de pensiones, quienes retiren sus fondos antes de jubilarse perderían el derecho a la pensión mínima establecida. A pesar de ello, hay más de 20 proyectos de ley en el Congreso que plantean distintos montos y condiciones para un octavo retiro AFP, algunos llegando a plantear montos de hasta 4 UIT.
“Si ese retiro se aprueba, los jubilados no van a poder acceder a la pensión mínima”, advirtió el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, sobre las consecuencias de esta medida. De forma similar, el superintendente de la SBS ha señalado que “un retiro más quitaría mayor atractivo de la nueva ley de pensiones”.
Este momento refleja una tensión característica entre las demandas urgentes de la ciudadanía —que busca liquidez inmediata ante dificultades económicas— y la visión de largo plazo de quienes administran el sistema previsional, preocupados por su sostenibilidad. La reforma previsional, recién reglamentada, pretendía dar nuevas reglas de juego, asegurando pensiones mínimas, incentivar la formalización, y abrir participación a otros actores financieros. Pero la insistencia en el retiro de fondos evidencia una fuerte desconfianza o desesperación entre muchos afiliados.
En ese sentido, la movilización ciudadana podría actuar como catalizador para que el Congreso, el Ejecutivo y los organismos técnicos dialoguen con mayor profundidad sobre alternativas para atender necesidades inmediatas sin comprometer el sistema de pensiones, mecanismos que garanticen que quienes retiren fondos no queden en situación de vulnerabilidad, y la transparencia en las cuentas del sistema privado y su capacidad real para responder con un nuevo retiro.
La marcha del 13 de septiembre será una prueba de fuerza política de parte de quienes exigen un octavo retiro. Lo que se decida en esas próximas horas y días no solo definirá el rumbo del retiro AFP, sino también cómo se percibe la capacidad del Estado para equilibrar necesidades inmediatas con el compromiso de proteger el futuro previsional de los ciudadanos.
El equilibrio responsable sería buscar soluciones intermedias: tal vez un retiro parcial o condicionado, acompañado de medidas de protección para quienes más lo necesitan, en lugar de una medida general que podría causar más daño en el largo plazo. El desafío es gobernar también para los que aún no sienten la urgencia, pues el sistema de pensiones no solo es un contrato para hoy, sino también para mañana.