11 Sep 2025, Jue

Muñante impulsa ley que castigaría a mujeres que denuncien violencia y no logren comprobarla

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para sancionar con penas de entre tres y seis años de prisión, además de multas e inhabilitaciones, a quienes interpongan denuncias consideradas “falsas” en casos de violencia familiar y violencia contra la mujer.

La propuesta también plantea responsabilidades penales y civiles para profesionales como abogados, psicólogos, médicos, policías o peritos en caso de que se determine que simularon o adulteraron pruebas.

Muñante argumenta que muchas denuncias terminan archivadas por falta de pruebas y sostiene que en esos casos debería existir una sanción. “Si se logra determinar que no ha existido pruebas de esta denuncia, lo correcto y lo concreto es que exista una sanción correspondiente… No estamos criminalizando a la mujer, eso lo descartamos completamente”, señaló el parlamentario.

El planteamiento, sin embargo, ha generado fuerte rechazo en diversos sectores sociales y organizaciones feministas, que advierten que esta medida podría revictimizar a mujeres que, por miedo, dependencia emocional o amenazas, retiran sus denuncias o deciden no continuar con el proceso. Según especialistas, este tipo de propuestas podría disuadir a víctimas reales de denunciar, beneficiando indirectamente a los agresores.

El proyecto además busca modificar la Ley 30364, que protege a las víctimas de violencia familiar, para que el retiro de una denuncia se considere un agravante. Críticos señalan que la iniciativa no establece criterios claros para determinar cuándo una denuncia es falsa ni quién tiene la facultad de tomar esa decisión, lo que pondría en riesgo el debido proceso y la presunción de inocencia.

La polémica se da en un contexto en el que los Centros de Emergencia Mujer han reportado más de 168 mil casos de violencia atendidos en lo que va del año. El debate en el Congreso podría marcar un retroceso en la protección de las víctimas, en un país donde la violencia de género sigue siendo una de las principales problemáticas sociales.