Una investigación reveladora ha puesto en la mira la transparencia de los procesos de licitación en la Municipalidad de Ate durante la gestión del alcalde Franco Vidal. Dos empresas vinculadas al empresario Jonathan Domingo Huamán Navarro habrían concertado precios para adjudicarse obras públicas que superan los 15 millones de soles.
Se trata de las firmas Constructora SUSAN EIRL y JD & HN, las cuales presentaron propuestas idénticas en al menos cuatro proyectos de pistas y veredas, generando sospechas de colusión y falta de competencia. En un hecho llamativo, ambas compañías llegaron incluso a consignar el mismo número de RUC en sus documentos, sin que el comité evaluador cuestionara la irregularidad.
Entre los casos detectados se encuentran la renovación de la avenida Los Virreyes, donde ambas constructoras ofertaron exactamente S/3 860 205,74, y la obra en la asociación residencial El Golf, donde las propuestas coincidieron en S/2 912 643,45.
La abogada Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones del Estado, advirtió: “Hay una regularidad con la que dos empresas quedan en el cuadro. Estamos ante hechos que podrían ir en contra de los intereses públicos”.
Por su parte, el alcalde Franco Vidal, conocido como “el alcalde dibujito”, rechazó las acusaciones y afirmó que no conoce personalmente a los empresarios mencionados. “No es la prensa quien define si hay un delito o no. Que se investigue. Si hay alguna irregularidad, el Ministerio Público formalizará una investigación. Yo no conozco a los empresarios, los veo en la inauguración o al inicio de las obras”, señaló.
A esto se suman observaciones de la Contraloría que ya había advertido sobre otras irregularidades en la actual gestión, como obras paralizadas, deficiencias en el programa Vaso de Leche y adjudicaciones a familiares de funcionarios. Estos antecedentes refuerzan el pedido ciudadano de una investigación profunda sobre las licitaciones en el distrito.
Este caso refleja una de las principales debilidades de varios gobiernos locales: la falta de filtros reales en los procesos de contratación y la vulnerabilidad de los municipios frente a redes empresariales que buscan beneficiarse de la obra pública. Como suele ocurrir, más allá de los discursos, la verdadera prueba de compromiso con la transparencia estará en la capacidad de las autoridades para permitir investigaciones independientes y asumir responsabilidades.