En un hecho de extrema gravedad, un grupo de religiosas de la orden de las Carmelitas Descalzas se ha visto obligado a abandonar el país luego de recibir amenazas de incendio por parte de traficantes de terrenos que habrían invadido propiedades pertenecientes al convento.
Según se conoció, los agresores irrumpieron en los terrenos colindantes al convento utilizando gasolina como instrumento de intimidación directa. “Nos dijeron que si no nos íbamos, nos quemarían con todo y la iglesia”, relataron las afectadas, quienes han preferido mantener su identidad en reserva por seguridad. Este episodio refleja la escalada de violencia que viven incluso comunidades religiosas en situaciones de vulnerabilidad territorial.
En un contexto más amplio, la inseguridad en el país ha alcanzado niveles alarmantes. Diversas instituciones, como colegios y negocios, enfrentan extorsiones constantes e incluso ataques con explosivos en varias zonas urbanas. La población expresa temor y hartazgo ante una delincuencia que parece operar con impunidad.
Una voz representativa del sector religioso afirmó: “Esta amenaza no solo es contra nosotras; es contra el sentido sagrado que protegemos desde hace siglos”. Asimismo, un familiar de una de las religiosas comentó: “No es solo huir; es salvar nuestras vidas y nuestra fe”.
El episodio ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad, incluyendo a otras órdenes religiosas y defensores de derechos humanos, quienes consideran que estos hechos constituyen una amenaza grave al patrimonio cultural y espiritual del país.
Hasta el cierre de esta edición, no se habían registrado pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades locales o policiales, lo que evidencia la urgencia de una investigación y una respuesta institucional contundente.
Si ni siquiera la vida religiosa está a salvo, queda en evidencia un Estado ausente y un sistema político incapaz de garantizar lo más básico: seguridad y justicia.