Un documento interno de la Defensoría del Pueblo, identificado como N° 226 y titulado Propuestas para fortalecer la institucionalidad democrática, puso en evidencia un intento del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, de modificar el artículo 117 de la Constitución con el fin de limitar las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
Según el informe elaborado en septiembre de 2024, la propuesta planteaba que el mandatario solo pueda ser investigado o acusado por los supuestos ya contemplados en la Constitución: traición a la patria, disolver el Congreso, impedir elecciones o bloquear el sistema electoral. Esta interpretación dejaría sin campo de acción al Ministerio Público frente a casos de corrupción o delitos comunes, como el conocido caso Rolex o las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
El documento, que no fue publicado en la web institucional sino compartido en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia —espacio donde participan la presidenta Boluarte y otras autoridades—, generó cuestionamientos por marcar un cambio respecto a la posición institucional anterior. Bajo la gestión de Walter Gutiérrez en 2022, la Defensoría había sostenido que el presidente sí podía ser investigado, aunque no necesariamente acusado.
La constitucionalista Beatriz Ramírez calificó este viraje como «carente de fundamentos técnicos» y como una señal de alineación con el Ejecutivo.
Además del informe confidencial, Josué Gutiérrez presentó ante el Tribunal Constitucional un amicus curiae, argumentando que durante el mandato en funciones, la Fiscalía y el Poder Judicial carecen de competencia para investigar o procesar al presidente fuera de los supuestos del artículo 117. Asimismo, sostuvo que solo el Congreso estaría habilitado para iniciar indagaciones preliminares, solicitar medidas limitativas o formular acusaciones.
El Tribunal Constitucional admitió este amicus curiae en la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, para determinar si actuaron fuera del marco constitucional al abrir investigaciones contra la mandataria.
En respuesta, Gutiérrez defendió su postura señalando que su propuesta no buscaba blindar a nadie, sino “fortalecer la figura presidencial”.
Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aclaró que las investigaciones en curso contra la presidenta continuarán, aunque no puedan derivarse al Congreso por ahora.
Este episodio ha generado una percepción de que la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Gutiérrez, ha pasado de ser una institución de defensa ciudadana a una barrera institucional en favor del gobierno.