Durante su defensa ante el Congreso, en marzo pasado, Juan José Santiváñez estuvo a punto de cerrar su intervención con una propuesta impactante: abrir el debate sobre la posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La frase exacta que tenía preparada —“Asimismo, invoco poner en debate la posibilidad de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”— nunca llegó a ser pronunciada por falta de tiempo, según se conoció a través de un documento oficial.
Ese día, Santiváñez se presentó ante el Legislativo para responder a la moción de censura en su contra. Durante su exposición, centró sus críticas en la Fiscalía y en gestiones anteriores, responsabilizándolas por haber permitido un ingreso masivo de migración extranjera, lo cual —aseguró— habría contribuido al aumento de la criminalidad. Advirtió también que la seguridad ciudadana no debe convertirse en «un arma política» ni servir como estrategia de desinformación. Horas después, fue censurado por el Congreso.
En este contexto, su retorno al gabinete como ministro de Justicia y Derechos Humanos, bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte, añade un matiz inquietante al debate sobre los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos.
Desde su formación democrática, el Perú ha sido miembro del Pacto de San José y sujeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo dos países en la región—Trinidad y Tobago y Venezuela—se han retirado voluntariamente del sistema. El gobierno de Dina Boluarte, por su parte, ha impulsado reformas como la reciente ley de amnistía, desatando tensiones con la Corte IDH, que ordenó suspender su aplicación mientras se evalúan los riesgos para las víctimas.
