La presidenta Dina Boluarte sorprendió hoy con una importante reconfiguración de su gabinete al asumir, por segunda vez, Juan José Santiváñez Antúnez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Juan Alcántara Medrano. La juramentación se realizó en el Palacio de Gobierno, en una ceremonia informada a la prensa apenas minutos antes de iniciarse.
Santiváñez, quien ya había sido censurado por el Congreso en marzo de 2025 durante su gestión como ministro del Interior, retorna ahora al Ejecutivo tras permanecer como jefe de una oficina en la Presidencia. Su nombramiento ha desatado fuerte polémica en el Parlamento y la opinión pública.
El Congreso lo había censurado con más de 75 votos, argumentando su “incapacidad para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”, lo que provocó su salida del Ministerio del Interior. Sin embargo, su cercanía con el círculo presidencial permitió que asumiera luego como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
El nombramiento ha generado críticas desde diversos sectores del Legislativo. El congresista Diego Bazán (Renovación Popular) afirmó que Santiváñez «es el asesor en la sombra de la presidenta y tenía gran influencia en el Ejecutivo», y advirtió que su regreso le proporciona protección adicional frente a cualquier proceso en su contra.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán calificó el nombramiento como un «descaro», señalando que no importa que haya sido censurado, pues la presidenta se aferra a su pequeño séquito para mantener la ilusión de poder. Asimismo, Ruth Luque opinó que esta designación demuestra un talante autoritario y antidemocrático, y Silvana Robles la consideró inaceptable, pues representa un golpe a la institucionalidad y la justicia. La congresista Margot Palacios incluso lo calificó como un premio a la incapacidad.
“Es el asesor en la sombra de la presidenta y tenía gran influencia en el Ejecutivo” — Diego Bazán, congresista de Renovación Popular
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy encabezado por Santiváñez, es clave en la asesoría presidencial sobre temas judiciales, derechos fundamentales, coordinación interinstitucional y administración de entidades como el INPE. Su regreso ocurre en un momento en que el gobierno de Dina Boluarte busca renovar la operatividad de su gabinete, luego de una serie de cambios ministeriales que también incluyen las carteras de Mujer y Desarrollo e Inclusión Social.
No obstante, la reintroducción de una figura previamente censurada pone en entredicho la fuerza de los controles democráticos en Perú y podría debilitar la narrativa de renovación del Ejecutivo.