El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, ordenando suspender las investigaciones en curso contra la presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su mandato.
Mediante el Expediente N.º 00006-2024-PCC/TC, el Tribunal precisó que la investigación y persecución penal deben armonizarse con las prerrogativas constitucionales del ejercicio presidencial, especialmente lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución.
En ese marco, la Fiscalía de la Nación solo podrá realizar diligencias urgentes e inaplazables, como tomar declaraciones, solicitar información o requerir documentos, siempre respetando la dignidad del cargo. Cualquier avance sustantivo deberá esperar el término del mandato presidencial.
El fallo también determinó que las pesquisas fiscales y judiciales previamente iniciadas se encuentran “viciadas de incompetencia” y, por tanto, su continuación quedará suspendida hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que concluye el actual gobierno.
Además, el TC estableció criterios claros para futuros procesos contra mandatarios en ejercicio. Una vez que se retire la inmunidad por antejuicio político, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán actuar dentro de los límites razonables, garantizando la proporcionalidad, la legalidad y la presunción de inocencia.
La sentencia ya se encuentra en vigor tras su notificación oficial a las instituciones correspondientes.
